De la feria de La Salada al download. La industria quiere meter miedo y expande guerra contra la piratería. En una batalla de posiciones dispersa y silenciosa, con batallas libradas en la calle y en la web, la industria parece decidida a judicializar a los responsables de distribuir música ilegal en la Argentina.
Los dos años y medio de prisión para Ramón Cáceres y Marcelo Altamiranda, quienes quemaban CDs en un laboratorio de González Catán y los vendían en el complejo de La Salada, son las condenas más elevadas con que hasta hoy se sancionaron delitos de piratería musical. Los implicados salieron en libertad en febrero, pero la sentencia –difundida triunfalmente hace algunas semanas– se emitió el 5 de julio, cuando el Tribunal Oral Criminal N° 9 de Lomas de Zamora los declaró responsables de infrigir la Ley de Propiedad Intelectual.Durante un proceso que llevó tres años se secuestraron once copiadoras de CD, 10 mil discos piratas y 60 mil carátulas. La sentencia ordena, para que no queden dudas, la destrucción de los discos y el decomiso de los equipos. Según Javier Delupí, director de la Asociación para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual (APDIF), las ferias del conurbano son las más conflictivas, «porque su alcance llega no sólo a los lugares donde se instalan, sino también a Capital Federal einterior, ya que poseen sistemas de venta a distancia».
La Salada es, para las discográficas, el centro de distribución de mercadería trucha más grande del país. Con veinte hectáreas y 50 mil visitantes por día, funciona en Cuartel Noveno (Budge, al lado del Riachuelo) hasta la madrugada, para asegurarse la visita de quienes sólo van a comprar en cantidad.
Factura más de $1.200 millones al año y abastece a un centenar de ferias con ropa, música y animales. Con paciencia y contactos, se consigue hasta el unicornio azul de Silvio Rodríguez. A las dos de la mañana, La Salada está picante y variopinta. La niebla espesa sobre el río, las luces de los patrulleros y la cumbia santafesina al palo le dan un aire surrealista y pesadón. Morochas con jeans de tiro bajo que buscan el último de Los Palmeras se confunden con agentes de ¿seguridad? de camiseta albiceleste y caño bajo el cinto. La Bonaerense y la Federal recorren los pasillos, cuidando a la gente y al negocio, mientras puesteros ofrecen zapatillas de marca a 30 pesos y pantalones deportivos último modelo a 20. ¿Cómo se llega a esos precios? Con buenas réplicas, materiales genuinos trabajados en talleres clandestinos o simple agenciamiento non sancto del producto original.
Orlando, puestero de pocas palabras y mirada desconfiada, se frota las manos para conjurar el frío y suelta: «Vendo 1.000 CDs por noche, pero no soy el dueño del local». A cien metros y con los ojos vencidos por el sueño, Lourdes cuenta que trabaja todos los días de 14 a 4 y lo que más vende son películas en cartel (7 por ¡$10!) y discos recién salidos: «Para mí, los CDs vienen de piratas del asfalto. La Policía y Gendarmería forman parte del negocio, hay razzias «todo el tiempo», confía por lo bajo. La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas (CAPIF) reconoce que el 60 por ciento de los discos que se venden en la Argentina es ilegal, y sigue de cerca a las ferias del conurbano. En junio se conoció un fallo que condenó con cinco años de prisión a Claudio Rial, quien según la Justicia comandaba una «asociación ilícita» que comercializaba CDs en Capital y el sur del Gran Buenos Aires, ocasionándole a la industria pérdidas por unos seis millones de pesos. Además, en el último semestre hubo operativos en disquerías, de partamentos y cíbers: los más resonantes fueron el cierre de un laboratorio en Rosario (19 mil CDs y DVDs secuestrados), el allanamiento de 23 locales (40 mil CDs) en Córdoba y el decomiso de 17 toneladas de música (801 mil CDs) en el puerto de Buenos Aires. El download gratuito es un fenómeno mucho más escurridizo: todos lo hacen, muchos lo confiesan y pocos se sienten culpables. La banda ancha y el MP3 significaron un trauma tan grande para el mercado que lo volvieron un poco esquizo: las multinacionales demandan a quienes bajan música gratis, almacenada en los reproductores portátiles que ellas mismas fabrican. ¿Pero con cuántos gigas en la PC hay que preocuparse? Roberto Piay, director de CAPIF, asegura que «los demandados hasta ahora fueron aquellos que tenían a disposición 3 mil archivos o más». En noviembre de 2005, la Cámara había iniciado veinte demandas (ver RS 93), de las cuales nueve ya se resolvieron con multas pagadas por los usuarios a las discográficas. La más alta fue de 15 mil pesos, en una empresa donde los empleados compartían los archivos. Para fin de año, CAPIF tiene otros veinte casos en estudio, pero todo el que comparte carpetas con el eMule o el Ares está potencialmente buscado. El escenario podría alterarse leve
mente en diciembre, cuando SpiralFrog.com abra –gratuita y legalmente, gracias a los anunciantes del sitio– el catálogo de Universal para los usuarios de Canadá y Estados Unidos. Mientras tanto, CAPIF concientiza en las escuelas, con un video en el que «grandes artistas nacionales cuentan el proceso creativo para la producción de una obra musical, desde que surge la idea de una canción hasta que el CD llega a las disquerías», según explica Piay. «El objetivo es reflexionar sobre la importancia de la protección de la creación basada en la propiedad intelectual, y entender que un CD tiene un valor que va más allá del costo de la materia prima.» Suena a declaración de principios: con la batalla cultural casi perdida entre los mayores de 15, la industria ya apuesta a la próxima generación.
Pablo Corso
Cifras
Fuentes: CAPIF e IFPI
RollingStone / Rock & roll / Nota